Competencia de mercados en Guatemala

Desde hace varios años el tema de competencia de mercados se han venido desarrollando en los países que conforman el istmo centroamericano. En cada país distintos cuerpos legales regulan la competencia de sus mercados internos a través de leyes ordinarias y leyes especiales.
Un grupo de países está integrado por aquellos que no cuentan con ley de competencia pero que tienen en proceso su formulación o su aprobación, siendo éstos Guatemala, Honduras y Nicaragua. El hecho de que estos países aún no hayan adoptado una ley de competencia los ha situado en un nivel de rezago en el desarrollo y tratamiento de este tema económico jurídico a nivel mundial y latinoamericano.

La competencia de mercados debe ser regulada en Guatemala por mandato de la Constitución Política de la República, vigente desde hace 20 años, y es objeto de regulación parcial por leyes ordinarias generales, así como también por leyes especiales que datan desde hace tres décadas.
La Constitución Política de la República en su sección décima titulado Régimen económico y social, se encuentra el artículo 130 en el que se establece en forma clara la prohibición de Monopolios y Privilegios, el cual dice así:
“Artículo 130. Prohibición de monopolios. Se prohíben los monopolios y privilegios. El Estado limitará el funcionamiento de las empresas que absorban o tiendan a absorber, en perjuicio de la economía nacional, la producción en uno o más ramos industriales o de una misma actividad comercial o agropecuaria. Las leyes determinarán lo relativo a esta materia. El Estado protegerá la economía de mercado e impedirá las asociaciones que tiendan a restringir la libertad del mercado o a perjudicar a los consumidores.”

Esta norma constitucional constituye el punto de partida para el desarrollo de una ley en materia de competencia. Puede observarse que este artículo no sólo se limita a prohibir los monopolios, sino que establece como función del Estado:

"Limitar el funcionamiento de empresas que absorban o tienden a absorber la producción de uno o más ramos industriales o de una actividad comercial o agropecuaria, en perjuicio de la economía nacional".

El Estado al promover la competencia entre las diferentes industrias que participan en los mercados contribuye a generar beneficios al consumidor, en la medida de que uno de los resultados favorables de la competencia reside en la diversidad de bienes y servicios ofrecidos, de mejor calidad y a precios más competitivos. Una buena forma de fomentar los mercados competitivos y la inversión consiste en eliminar barreras de entrada o de salida de los mismos para que los agentes económicos puedan desarrollar sus actividades sin ninguna restricción artificial.
La competencia como política de Estado y aplicada a través de un ordenamiento jurídico, es a la vez un instrumento de transparencia y de certeza jurídica para los inversionistas nacionales y extranjeros, al saber que en el país existen los mecanismos legales para proteger su inversión de actos o conductas que puedan limitar su desenvolvimiento empresarial.